El pasado día 31, el gobierno de Hugo Chávez ordenó el cierre de 34 emisoras de radio en Venezuela. Estas emisoras serían críticas con el venezolano y, por eso, Chávez las estaría persiguiendo y estaría obstaculizando su funcionamiento. El gobierno afirma, por su parte, que estas radios han sido cerradas por no cumplir los requisitos legales para funcionar.

El cierre de las radios se produjo sólo un día después de que el Congreso venezolano, dominado por los aliados de Chávez, hubiese comenzado a discutir un proyecto que establece los llamados “delitos mediáticos”, que castigará con hasta cuatro años de detención a agencias de información y a la prensa que no cumpla las normas que elaboró Chávez.

La nueva ley criminalizará la difusión de noticias “falsas” que causen “daño a los intereses del Estado”, y también la “manipulación televisiva”. Esa legislación le da al gobierno de Chávez el derecho a intervenir directamente en los medios de comunicación y a su control, reprimiendo enérgicamente cualquier vehículo comunicativo que critique su gobierno.

En esta primera operación 34 emisoras fueron cerradas. Sin embargo, la operación puede ser más amplia : el gobierno afirmó que otras 206 emisoras están en el punto de mira de los organismos del Estado y deben ser cerradas por no cumplir con las leyes que rigen su funcionamiento.

Como puede verse, se trata de una operación de largo alcance, que intenta eliminar toda oposición mediática al gobierno bonapartista de Chávez. Según las declaraciones oficiales del gobierno, la mayoría de las emisoras afectadas tiene carácter local, con excepción de algunas que tendrían alcance regional.

El ministro Diosdado Cabello, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), intentó justificar la medida autoritaria afirmando que la razón del cierre de las radios es, en la mayoría de los casos, el “vencimiento de la concesión o falta de renovación del permiso”. Cabello, uno de los colaboradores principales de Chávez, afirmó que las emisoras todavía pueden consultar el Tribunal Supremo de Justicia para apelar la medida.

El ministro intentó legitimar el autoritarismo afirmando que la decisión del gobierno trata de combatir el “latifundismo mediático” y promover la “democratización de la propiedad de los medios de comunicación”. Y cuando fue preguntado sobre el derecho a la libertad de expresión, Cabello aseguró que la libertad de expresión “no es la más sagrada que puede existir”.

Muy criticados por las nuevas medidas autoritarias, otros miembros del gobierno de Chávez volvieron a atacar a la oposición y trataron de legitimar las medidas. La ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Blanca Eekhout, afirmó que existe una campaña internacional de los medios de comunicación para difamar a Venezuela. Según la ministra : “Venezuela se ha convertido en uno de los países mas atacados y descalificados por los medios de comunicación en el mundo”.

Entra en las emisoras anuladas por Chávez estaban cinco del CNB, un circuito nacional con espacios de opinión críticos con el gobierno venezolano. Por su parte, Nelson Belfort, presidente de la Cámara Venezolana de Radiodifusión y propietario de las cinco emisoras cerradas, lamentó la decisión y afirmó que es necesario “recurrir y defender la libertad de expresión”.

El temor de cierre de más una red de TV aún existe. Globovisión, que también le hace críticas al gobierno, ha sido acusada por el gobierno de mentir sistemáticamente y conspirar contra el presidente Hugo Chávez. El gobierno Chávez ya había anulado anteriormente la licencia del canal RCTV. El proceso avanza, ahora, con el cierre de las radios.

Mientras parte de la izquierda brasileña y latinoamericana defiende a Chávez y afirma que él está construyendo el “socialismo del siglo XXI”, debemos desenmascararlo y denunciarlo como una farsa, un bonapartista que no se asemeja nada al socialismo revolucionario de Marx. La nueva legislación mediática es autoritaria y significa más un gran golpe aplicado por Chávez contra las libertades democráticas. Esta legislación establece la censura y es incompatible con el derecho a la libertad de expresión. Se trata de más una iniciativa para reprimir las libertades democráticas y sofocar la manifestación de los trabajadores.

La llamada Revolución Bolivariana, no representa ninguna alternativa para los trabajadores venezolanos y latinoamericanos. Después de conseguir modificar la constitución, garantizando el derecho de reelegirse indefinidamente, Chávez intenta colocar bajo su control todos los medios de comunicación. A cada día Chávez perfecciona el Estado venezolano con órganos represivos que limitan las libertades de los trabajadores. Se trata de más una farsa, de un verdadero Estado bonapartista y de un estado autoritario que camina a grandes pasos hacia un régimen fascista.